La FGR anunció que procederá legalmente contra los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito y un juez
EL UNIVERSAL
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió otro revés, luego que de que un Tribunal Colegiado confirmó la decisión del juez de control Gerardo Alarcón López de negarle la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
Ante ello, la FGR anunció que procederá legalmente contra los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito y el juez Alarcón López, luego de que, a su consideración, actuaron en contra de la administración de justicia.
Mediante una tarjeta informativa, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, informó este martes que después de haber obtenido de un Juez de Control orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra García Luna, por enriquecimiento ilícito de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público en el periodo de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables.
Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido.
“Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso”, se menciona.
Indicó que el Tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar violentaron el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, el cual establecía:
“Se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos…”, tomaron la decisión mencionada.
En razón de lo anterior, señaló la FGR, “se iniciará el procedimiento legal en contra del Juez de Distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, y de los Magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra la administración de justicia”.