Por unanimidad, los comisionados del INAI determinaron que al tratarse de servidores públicos del más alto nivel no es procedente la reserva que invocó la Secretaría de Hacienda para no entregar la información.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dé a conocer si hay denuncias penales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de los ex mandatarios Enrique Peña, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.
Por unanimidad, los comisionados del INAI determinaron que al tratarse de servidores públicos del más alto nivel no es procedente la reserva que invocó la Secretaría de Hacienda para no entregar la información.
«En atención de las anteriores consideraciones, les propongo que modifiquemos la respuesta emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se le instruya a proporcionar el número de denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado ante la Fiscalía General de la República por delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como corrupción», señaló el comisionado Francisco Javier Acuña.
Ante el pleno preciso que a pesar de que la ley señala que este tipo de información es reservada, se aplica una excepción debido a que se trata de un asunto de interés público al estar involucrados quienes han encabezado el principal cargo público del país.
Por su parte, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto, dijo que esta determinación se suma a las que ya ha tomado el pleno respecto a privilegiar el acceso a la información cuando estén implicados servidores públicos o se trate de algunas de las excepciones previstas en la ley.
«Se inserta en un conjunto de determinaciones que el Pleno de este Instituto ha venido emitiendo a lo largo de los años en las que se ha pugnado por la apertura de la información relacionada con investigaciones abiertas respecto de personas servidoras públicas de alto nivel y también de representantes de elección popular, en las que a través de la aplicación de un test de proporcionalidad se ha superado la confidencialidad», explicó.