Este grupo seguirá al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la entrada en vigor del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La jueza Noveno de Distrito en Guanajuato otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por organizaciones como Uniendo Caminos México.
De acuerdo con la juzgadora, la suspensión tiene el efecto de que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación a la institución castrense. La Guardia Nacional, determinó la impartidora de justicia, debe seguir bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La juzgadora consideró infundados los argumentos del presidente y de la Sedena respecto a que el activista Ángel Castro, quien presentó la demanda, no demostró su calidad de defensor de derechos humanos y no acreditó su interés legítimo para combatir el decreto reclamado. Esta jueza concedió la suspensión provisional, pero su decisión fue revocada por magistrados federales.
El quejoso alega que la norma reclamada potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, pues afirma que la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional puede generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión; ello, en virtud de que la seguridad pública no es de carácter militar sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución”, señala la resolución.
Llevan 26 organizaciones queja ante la CIDH por “militarización” del país
Mañana martes, 26 organizaciones civiles expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado mexicano por mantener y prolongar “la militarización” de la seguridad pública del país. La audiencia pública “Militarización de la seguridad pública en México” será en Washington, entre las 14 y 15:30 horas tiempo local. Media hora después, en una segunda audiencia, el Gobierno de México expondrá su queja contra armerías estadounidenses ante la CIDH.
La audiencia fue solicitada por el colectivo #SeguridadSinGuerra, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad (ONC), Causa en Común, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y 22 organizaciones más a raíz de avanzó la reforma constitucional para extender a 2028 la tarea del Ejército y la Marina en las calles. A esta audiencia, se requirió también la presencia de representantes del Estado mexicano.
“La idea es que el Estado esté presente a través de sus representantes, sobre todo en materia de seguridad para escuchar lo que queremos compartirles y sobre todo para tener una respuesta”, dijo Miroslava Ortiz, directora de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del ONC, en entrevista con El Heraldo de México.
Miroslava Ortiz adelantó que en la audiencia, las organizaciones expondrán cuatro planteamientos: las graves violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas; un recuento del estatus de las recomendaciones internacionales que se le han hecho al gobierno mexicano sobre la materia; las ONG plantearán posibles alternativas a la militarización; y presentarán datos y cifras para evidenciar el impacto negativo y diferencial de este modelo para la seguridad pública.
-¿Después esta audiencia esperan que la CIDH emita algún posicionamiento? -se preguntó.
“Sí hacen un posicionamiento, no es tan inmediato, pero sí un proceso como especie de mediación y recomendaciones que generan. Pero principalmente, lo de la audiencia está enfocado a generar este espacio de diálogo”, contestó.
Media hora después de celebrarse la audiencia con las organizaciones, a las 16 horas tocará el turno de la audiencia pública que solicitó el gobierno mexicano para interponer su queja contra las armerías en Estados Unidos, bajo el título: “Respeto y garantía de los derechos humanos ante actividades de empresas de producción y comercio de armas en las Américas”.