«Que México sea uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo parece no importarle”, dice a Proceso el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco.
PROCESO
A Andrés Manuel López Obrador “no le importa el tema de los periodistas ejecutados; en los últimos 20 años han sido asesinados por lo menos 145 periodistas en México y de esos, 25 en los primeros tres años de su gobierno. Que México sea uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo parece no importarle”, dice a Proceso el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, en una de las últimas entrevistas concedidas a un medio mexicano antes de dejar su cargo, a fines de este mes, en la organización en la que ha estado en pie de lucha 30 años.
“La visión que tiene del periodismo es que los buenos periodistas son los que apoyan al gobierno y lo aplauden y le rinden homenaje, en contraste con los malos periodistas que son los que lo critican”, añade.
A su modo de ver, han sido “muy reveladores” ciertos debates públicos, como el que sostuvo en julio de 2019 en una “mañanera” con el reportero de Proceso Arturo Rodríguez, quien lo cuestionó sobre la operación de compra-venta de Fertinal el sexenio pasado.
En opinión de Vivanco, en ese debate López Obrador manifestó “en términos transparentes y muy genuinos que como ya está en el poder, el semanario debería apoyar su movimiento, sumarse al gobierno y rechazar la campaña neoliberal, pidiendo que no haga eco de la propaganda antigobierno”.
–¿Qué es lo que más le preocupa del gobierno de López Obrador, que se dice de izquierda? –pregunta la corresponsal.
–Es un impostor. Ha demostrado ser un caudillo latinoamericano clásico que busca fórmulas para fortalecer su poder personal y desmantelar las instancias que se han construido con gran esfuerzo en un país como México, gobernado por un partido único durante 70 años, pero que ha podido construir una institucionalidad joven que persigue asegurar rendición de cuentas y fiscalización de las autoridades máximas.
“Todo eso a AMLO le molesta. Siente que son ataduras que limitan el ejercicio del poder por parte del caudillo que es él. Y digo que es un típico caudillo porque todos los días defiende en las mañaneras la tesis de que por el solo hecho de haber sido elegido presidente de México de manera incuestionable y por el solo hecho de seguir siendo tan popular, tiene la licencia para ejercer el poder como se le antoje.
“Y cualquiera que se cruza en su camino, ya sea instituciones de control como el INAI, el INE o el propio Poder Judicial, pasan a ser corruptos morales (es el lenguaje que usa). Su tesis es que por arte de magia la sola elección de él como presidente de México acaba con cualquier peligro de corrupción”, insiste.
“Si fuera por él, todos los mexicanos bien intencionados deberían estar trabajando para el gobierno, querría imponer una especie de unanimidad y si alguien no se siente representado por su gobierno es porque se trata de alguien que puede perfectamente ser calificado como un corrupto moral.
“Lo que más me perturba de AMLO son sus esfuerzos por desmantelar el estado de derecho en México, un excelente ejemplo fue la ‘Ley Zaldívar’, que pretendía extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia y –¡ojo!– de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, en contradicción con lo establecido en la Constitución.
“Más de una vez AMLO ha dicho que los jueces que fallan contra el gobierno son corruptos y ha solicitado que se investigue a un juez federal que objetó su proyecto de reforma energética. Lo normal en un sistema de estado de derecho es que si el gobierno está en desacuerdo, interpone un recurso de apelación, para eso están los recursos judiciales; si uno cree que la decisión de un juez no le favorece, interpone un recurso ante el tribunal supremo y puede llegar hasta la Suprema Corte, pero no se va contra el juez para que lo sancionen disciplinariamente porque falló contra el interés del gobierno”, argumenta.
Militarización
Se refiere también al “decretazo” en el que AMLO declaró sus proyectos de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía como de seguridad nacional, donde está el Ejército de por medio, e independientemente de lo que se estime en la Corte “esto es un escándalo, porque no quiere rendir cuentas”.
Por otra parte, señala que la militarización en el país “es insólita, no tiene precedente en la historia de México, ni siquiera en tiempos del PRI, porque el acuerdo en tiempos del PRI es que los civiles no se metían con los militares y los militares no se metían en política”.
Condena que hoy “los militares están encargados de construir aeropuertos, trenes, carreteras, hospitales, canales de riego; están encargados de puestos de control migratorio, aduanas; están a cargo de la repartición de fertilizantes, de medicamentos, incluso de transferencias de dinero en programas sociales; están involucrados en la siembra de árboles, en la distribución de vacunas, en administrar la aviación civil, todo este tema de las Islas Marías y las 19 delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración y por último tienes al secretario de Defensa que abiertamente ha incursionado en política, anunciando públicamente su apoyo al proyecto político de AMLO, diciendo que las fuerzas armadas se identificaban con su proyecto y esto significaba la unidad nacional.”
Respecto a las desapariciones, de acuerdo con cifras oficiales desde 1964 hay al menos 90 mil desparecidos, cerca de 20 mil en el gobierno de López Obrador, dice.
“Sin embargo, solamente tiene atención para Ayotzinapa, lo cual es importante pero no suficiente”, argumenta Vivanco, quien celebra la labor de Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de Personas de México, “que es digna de aplauso, porque ha hecho un esfuerzo genuino y enorme por determinar el número de desparecidos en México y publicarlo a través del Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas.
En lo que se refiere a los migrantes, observa que “AMLO también en el pasado hizo campaña y se mostró muy solidario con la cuestión migratoria; sin embargo no es exageración y es justo decir que ha hecho mucho más que cualquier presidente mexicano anterior para evitar que los migrantes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos, desplegando a 28 mil soldados en todo el país para detener el flujo migratorio”.
Y menciona incidentes de militares que han disparado a matar contra migrantes, como el ocurrido en marzo de 2021, en que el guatemalteco no frenó en el retén de control, y el de octubre, “en el que dispararon contra el camión en el que viajaban cubanos y mataron a dos de ellos, sembrando después una arma para justificar el ataque”.
Reiteró lo expresado en el informe de HRW de 2021 sobre el manejo de la pandemia de López Obrador, comparándolo con autócratas como Donald Trump y Jair Bolsonaro, que también minimizaron la gravedad y los riesgos a la salud pública y se ha rehusado a usar la mascarilla, salvo en su viaje a Washington y en los aviones.
Es una lástima “cuando uno ve al máximo líder del país que minimiza el asunto, que se reúne con la gente, que se abraza con la gente e ignora las medidas elementales de salud pública recomendadas por la ciencia para reducir las posibilidades de contagio, específicamente el uso de la mascarilla.
“AMLO y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tienen una gran responsabilidad por la negligencia con la que han actuado y por sus políticas, llevando al país a estar entre los que tienen el más alto índice de muertes por covid en el mundo”, agrega.
Respecto al tema de la política exterior de López Obrador, que invoca el principio de no intervención o no injerencia, totalmente desacreditado, y que va contra las normas jurídicas universales de México, dice que López Obrador: “Se lava las manos y se abstiene de sumarse a condenas, como en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, donde se han producido hechos sin precedente en la región, donde el dictador decidió secuestrar arbitrariamente a los siete candidatos presidenciales que podrían derrocarlo en las elecciones presidenciales y asegurar su relección”.
–En este contexto de militarización del país, asalto al estado de derecho, control del poder judicial, ¿piensa usted que AMLO está preparando el terreno para eternizarse en el poder?
–Siempre he tenido por costumbre no especular, no hacer predicciones; entramos en un terreno que claramente es opinable, pero mientras trabaje para HRW, como no soy un opinólogo ni de la comentocracia, prefiero circunscribirme estrictamente a los hechos y los hechos demuestran lo que he sostenido: que AMLO está abierta y deliberadamente buscando el desmantelamiento del estado de derecho y de la democracia.
“Pero de ahí a que quiera perpetuarse en el poder y hacer como hicieron otros autócratas similares en América Latina, que es finalmente cambiar la Constitución para permitir su reelección indefinida, prefiero no comentar”, remata.
Texto publicado en el número 2361 de la edición impresa de Proceso