Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión hizo un llamado al gobierno de López Obrador a reconocer la “crisis” de violencia que atraviesa el periodismo en México, además de frenar la sección que presenta Ana Elizabeth García Vilchis cada miércoles en la mañanera.
PROCESO
Pedro Vaca Villarreal, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), insta al gobierno mexicano a reconocer la “crisis” de violencia que atraviesa el periodismo en México –marcado por cuatro asesinatos y dos atentados en un solo mes– y le urge que suspenda el polémico espacio conocido como el “Quién es quién de las mentiras”, que Ana Elizabeth García Vilchis presenta cada miércoles en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hoy, ante la escalada de violencia me corresponde pedir la suspensión de este espacio, porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas (…) envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa”, sostiene Vaca, quien califica el “Quién es quién de las mentiras” como un “espacio totalmente extraño a los estándares democráticos de libertad de expresión” y lo equipara a un momento “de entretenimiento presidencial”.
El relator lleva más de cinco meses esperando una respuesta del gobierno de México a su invitación para representantes del gobierno expliquen a los expertos de su oficina en Washington cuál es la meta y la metodología del espacio. “Para mí es lamentable, sobre todo porque ha pasado mucho tiempo, han pasado meses: yo la canalicé por las vías formales, he insistido en varias oportunidades, y no hemos recibido respuesta”.
En una amplia entrevista telefónica con Proceso, el experto colombiano deplora que, en lugar de condenar tajantemente las agresiones contra la prensa en el mes más trágico para la profesión en tiempos recientes, López Obrador declaró que “son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar, el cual “puede ser entendido por la sociedad como una forma de disminuir la relevancia del problema”, lamenta.
“Las altas autoridades del Estado no solo tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, sino el momento en que lo dicen”, comenta Vaca, y agrega: “hay suficiente literatura y estándares internacionales que plantean de manera inequívoca, clara y precisa, que cuando hay entornos de violencia contra la prensa, es muy importante que las autoridades en general, pero particularmente quiénes tienen altos niveles de responsabilidad dentro de los Estados, rechacen contundentemente las violencias contra la prensa. Con tres periodistas asesinados al viernes de la semana pasada, yo no escuché este mensaje”, añade.
“Yo me pregunto qué pueden estar pensando las y los familiares de las víctimas mortales sobre lo que están diciendo las autoridades. Me pregunto qué pueden estar pensando los colegas de estos periodistas, cuál es el mensaje que se envía, y creo que es absolutamente desafortunado que en momentos en los cuales las más altas esferas del Estado deben reconocer la legitimidad y el trabajo de la prensa y repudiar las violencias, esto no ocurra”, dice.
Sugiere que, en lugar de llevar a cabo el “Quién es quién de las mentiras” de mañana, un vocero de gobierno dé a conocer la situación jurídica del asesinato de Luis Roberto Cruz Martínez, un periodista tamaulipeco que hoy cumple 22 años de asesinado. “Qué bueno sería que en una mañanera como la de mañana se pudieran decir a la prensa qué se está haciendo para superar la impunidad. No en los asesinatos de días recientes, que entendemos ameritan una investigación, sino los que llevan 22 años; y a lo mejor acercarse a las familias, a sus colegas”.
Vaca señala que, actualmente México vive “una crisis de violencia dentro de una tragedia sostenida” en materia de violencia la prensa desde hace más de una década, pero que el mes de enero representa “un pico, un momento muy agudo y delicado de esta crisis”, por lo cual “es muy importante que el Estado envíe señales muy claras de acuerdo con el derecho a la libertad de prensa”.
“Hago una invitación a las vocerías del gobierno mexicano a reflexionar sobre la ligereza de algunos de sus planteamientos. Estamos hablando de una labor trascendental para la vida democrática, como es el periodismo, en el país más letal para la profesión en el hemisferio occidental. Creo que estamos hablando de un asunto muy serio, y por esto la invitación a que se reconozca la crisis actual y se actúe en consecuencia”, urge el relator.
Observa que los tres periodistas asesinatos en las primeras semanas de enero exhiben la profundidad del problema: el periodista veracruzano José Luis Gamboa fue asesinado sin acudir nunca a un mecanismo de protección; el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel se acercó a un mecanismo en Baja California sin recibir respuesta; y Lourdes Mendoza tuvo acceso al mecanismo –le otorgaron un botón de pánico a pesar de haber sufrido un primer atentado–, e incluso expuso su temor de ser asesinada al propio López Obrador, durante una conferencia matutina.
Ayer, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, publicó dos mensajes en su cuenta de Twitter relativos al homicidio del periodista michoacano Roberto Toledo. En el primero, Ramírez condenó el asesinato y aseveró, en nombre del gobierno mexicano, que “no permitiremos la impunidad”. En un segundo mensaje, subido horas después, aseveró que el hombre “se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista”, un discurso que muchos equipararon a los que se empleaban en gobiernos anteriores para minimizar la violencia contra periodistas.