El presidente López Obrador entregó a la Defensa un conglomerado de empresas que administrará una inversión de más de 300 mil millones de pesos; tardarían al menos 17 años en recuperar el monto
Desde el pueblo de San Miguel Xaltocan en el Estado de México, Antonio Sánchez, señala la escultura ecuestre del general Felipe Ángeles, colocada en el principal acceso al nuevo aeropuerto internacional bautizado en honor a este héroe de la Revolución Mexicana. El monumento de bronce fundido de 10 metros de altura y 20 toneladas, costó unos 20 millones de pesos. “Esa cosa ya se terminó, y nosotros, una cosa tan sencilla, una escuela primaria, todavía no la terminan, ¿qué más le puede decir uno de todo esto?”, dice molesto el poblador.
Una barda enorme divide los terrenos del AIFA, inaugurado en marzo pasado, de esta comunidad de origen nahua. Los pobladores creyeron en uno de los proyectos estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tanto que donaron parte de sus terrenos ejidales. Pero eso ya quedó en el pasado. Los militares, dicen varios habitantes, se han encargado de desencantarlos. Primero como propietarios del aeropuerto, al incumplirles la promesa de que la calidad de vida de su comunidad mejoraría. Después reprimiendo las protestas del pueblo para que cumplieran su palabra. El 27 de mayo, un grupo de 30 manifestantes se enfrentaron con piedras a miembros de la policía militar.
Desde que López Obrador asumió el poder, las Fuerzas Armadas no solo han aumentado su presencia en las calles, también han emprendido una nueva misión: convertirse en empresarios exitosos.
AIFA SA de CV es una de las 6 nuevas empresas de participación estatal mayoritaria que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) agrupa en un consorcio llamado Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya, Mexica SA de CV.
Según un estudio realizado por la organización civil México Cómo Vamos (MCV), que colaboró en sintonía con esta investigación, el nuevo grupo aeroportuario y ferroviario del Ejército tiene un valor en activos que podría superar los 305 mil 677 millones de pesos, unos 15 mil millones de dólares.
El grupo militar, en un hecho inédito por su magnitud y forma de asociarse, también tendrá presencia con otros 3 aeropuertos en los estados de Chiapas, frontera con Guatemala, y Quintana Roo, el mayor polo turístico nacional.
Además, administrará una ruta de mil 500 kilómetros de vías del Tren Maya en cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, y construirá una parte de su trazo.
El presidente López Obrador ha asegurado que confía en la milicia para esta tarea porque es “pueblo uniformado”. Fabiola Torres, líder comunitaria de Xalcotan, presente en las protestas del 27 de mayo, opina lo contrario: “(Los soldados) no son personas que se prestan al diálogo. Son personas que nos dicen: yo te doy esto, y si lo tomas bien, si no de todas maneras lo voy a hacer. Así nos dicen, con esas palabras: aunque te interpongas, lo voy a hacer”.
Otro de los argumentos del presidente para dotar a las Fuerzas Armadas de un poder económico sin precedentes es que es una institución “incorruptible”. Sin embargo, conocer las entrañas administrativas, jurídicas y financieras del nuevo consorcio empresarial militar es una tarea improbable porque generalmente no se rigen con las mismas leyes civiles, y en las excepciones en que sí se les obliga a informar apenas entregan rescoldos de datos. No hay institución civil que realmente los obligue a ser transparentes.
Para este trabajo periodístico se realizaron 54 solicitudes de información pública con las que se buscó conocer el proceso integral que lleva la conformación del nuevo grupo aeroportuario y ferroviario.
La Sedena declaró la “inexistencia de la información” en cada una de las solicitudes. En dos ocasiones se pidieron entrevistas al Ejército, pero no se concedieron: primero pretextaron la veda electoral por la revocación de mandato presidencial realizado el 10 de abril pasado; después se rechazaron las entrevistas porque los soldados tenían «múltiples actividades programadas”.
La información lograda se obtuvo a través de la Secretaría de Hacienda. La tesorería entregó a la reportera los datos que la Sedena le dio para respaldar la viabilidad de los proyectos, y que las mismas Fuerzas Armadas calificaron de inexistentes en las solicitudes de información.
El objetivo del consorcio empresarial es ejecutar y mantener las obras emblemáticas del presidente López Obrador, al tiempo que se mejoran las finanzas del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada con recursos económicos para su sistema de seguridad social y pensiones.
Según la proyección realizada por los economistas de la organización MCV, una obra como el Tren Maya no recuperará su inversión sino hasta dentro de 17 años.