- Esto permite que el delito siga impune al tolerar crímenes de lesa humanidad, señalan en manifestación realizada en Plaza Lerdo de Xalapa. Irineo Pérez Melo.- Activistas y familiares de desaparecidos denunciaron que el propio gobierno estatal encubre y solapa a quienes incurren en actos de desaparición forzada en el estado de Veracruz, permitiendo que este delito siga impune, al tolerar estos crímenes de lesa humanidad. Por tal motivo se manifestaron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, porque “se sigue arrastrando la impunidad que dejaron gobiernos anteriores y que cae en blandito para no ser investigado como debe ser, por eso hablar de la debida diligencia, por eso hablar de la responsabilidad de los padres y que también haya presencia”, expresó. Recordaron que el 26 de noviembre de 2013, José Manuel Hernández Ortiz y Julián Rosado Domínguez junto con otros tres jóvenes fueron intervenidos por policías estatales y posteriormente trasladados a un retén instalado entre los municipios de Xalapa y Actopan. Las víctimas se comunicaron con sus familiares e indicaron que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los trasladarían a las instalaciones del cuartel Heriberto Jara Corona, mejor conocido como San José, sitio al que nunca llegaron y, desde ese momento, se desconoce su paradero. Al respecto, la activista Anaís Palacios Hernández acusó que las autoridades “encubrían” a los responsables de la desaparición forzada y que hay procesos penales abiertos en Veracruz sobre este tema, y señaló que el martes 17 de mayo fue detenido uno de los policías estatales, que permanecía en activo y presuntamente participó en la desaparición forzada de los cinco jóvenes. Señaló que la falta de credibilidad en la palabra de las víctimas y las acciones pocos contundentes de las autoridades permitieron que se perpetuara el delito de desaparición forzada y que quedara impune, en el caso mencionado, porque en cuatro años no hubo ningún acto de investigación que indicara que más familias estaban diciendo la verdad. Cuatro años en dónde no fueron escuchadas, en dónde no se invirtió mayor recurso ni esfuerzos en la investigación del delito. Expresó que en 2013 se registraron varios casos de desaparición de jóvenes, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, quien también es señalado de dicho delito y dijo que “la desaparición de estos cinco jóvenes representa un delito de lesa humanidad que se traduce en el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, enfatizó. La activista destacó que la desaparición de cinco jóvenes de Actopan debe ser un caso ejemplar de sanción a los responsables; además, que la investigación de la cadena de mando que se siguió para desaparecer y ocultarles, debe ser una garantía de compromiso llevado a la acción para las familias de estos jóvenes y para los miles de desaparecidos en Veracruz.
Finalmente, señaló que el hecho de tener a alguien detenido no significa que haya justicia, porque las personas todavía no se localizan y en eso Veracruz sigue con esa deuda tremenda en caso de desaparecidos, y cuánto tiempo tiene que pasar para que las familias empiecen a ver justicia, porque en el caso de los cinco jóvenes lleva ya nueve años persistiendo, denunciando y señalando y apenas ahora se está empezando a ver algo de luz, concluyó.