La oposición se lanza contra Morena y exige la dimisión del gobernador, que desplaza del foco la crisis en Chihuahua. Ricardo Anaya y Lilly Téllez sortean las llamadas de atención de la presidenta del Senado para hablar de Rocha
EL PAIS
Tras 10 días peleando por sacar la cabeza del agua, a la oposición le ha llegado por fin el oxígeno. Estados Unidos ha acusado formalmente al gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios más, de vínculos con el narcotráfico. Esta era una de las banderas recientes del PAN y el PRI, que a cada tanto acusan de “narcogobiernos” a los Ejecutivos del partido oficialista. El golpe de la justicia estadounidense les ha dado el asidero definitivo en un contexto nada ventajoso para los panistas, que se enfrentaban ―se enfrentan― a la investigación de la Fiscalía General de la República por la supuesta colaboración del Gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, con dos agentes de la CIA. En un giro de 180 grados, el PAN ha pasado a la ofensiva y ha pedido la “desaparición de poderes” en Sinaloa. Esta medida excepcional, contemplada en el artículo 76 de la Constitución, faculta al Senado para nombrar a un gobernador provisional cuando considera que las instituciones han dejado de funcionar conforme a la Carta Magna.
Más allá de esta extraordinaria petición, la Cámara Alta es, desde hace semanas, el escenario protagonista del fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición. Las tornas han cambiado este miércoles, en una sesión corta y de diversa temática en la que se ha colado ineludiblemente la acusación contra Rocha. Los panistas Lilly Téllez y Ricardo Anaya han sorteado los temas sobre los que les tocaba intervenir en la tribuna ―la licencia de Beltrones y la nueva composición de la Comisión Permanente― y han entrado de lleno en la cuestión. “Lamento que la justicia tenga que venir de un extranjero y que la justicia no se haga en México. Este momento es muy importante para la historia de México. Empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena”, ha expresado la senadora. “La tarea de la comisión permanente va a ser fundamental en el contexto político que estamos viviendo. Ya es oficial que hay una acusación formal penal por narcotráfico en los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa. Yo pedí en esta tribuna que se citara a Rubén Rocha. Vamos a exigir su presencia”, ha agregado Anaya, excandidato presidencial, ante una irritada Laura Itzel Castillo, la presidenta de la Mesa, que ha tenido que llamarles la atención en varias ocasiones.
También al senador morenista Gerardo Fernández Noroña, de la bancada oficialista, que ha aprovechado su turno para salir al paso de las críticas de Téllez y defender al mandatario local, de su partido: “Se sigue injuriando a un compañero gobernador al que no se le ha presentado una sola prueba de lo que se le señala”. En esa tónica ha respondido el Gobierno de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, que ha alegado que “no cuenta con elementos de prueba”.
Oficialismo y oposición tienen ahora munición de sobra. La alianza gobernante forzó la semana pasada la votación de un punto de acuerdo para “invitar respetuosamente” a Maru Campos a dar explicaciones por la participación de los agentes extranjeros en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el Estado, sin conocimiento ni mucho menos autorización de las autoridades federales. La gobernadora panista no tenía obligación de acudir y, de hecho, declinó la invitación en el último momento, pero ya se había sentado el precedente. Ricardo Anaya lo utilizó entonces para buscar la comparecencia bajo la misma fórmula de los morenistas Rubén Rocha y Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, sobre la que también penden sospechas de vínculos contra el narcotráfico.
Esa apuesta a medio plazo finalmente ha abierto una puerta casi inmediatamente después de la crisis desatada en Chihuahua, y fuerza a Morena a demostrar si utilizará el mismo baremo o no. El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también ha puesto el dedo sobre la herida. “El Gobierno federal debe deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado. La severidad con la que han actuado frente a la gobernadora de Chihuahua debe ser el parámetro. Lo mismo aplica para el Senado”, ha escrito en sus redes sociales.
No han faltado tampoco los reproches de Alejandro Alito Morena, líder del PRI, que ha exigido “la renuncia inmediata” del gobernador. “Desde hace años lo dijimos, lo advertimos y lo exigimos. No es nuevo ni es sorpresa. Durante todo este tiempo señalamos lo que estaba ocurriendo en Sinaloa mientras el gobierno de Morena lo negaba, lo minimizaba o simplemente cerraba los ojos”, ha añadido en una publicación en la que rescataba un comunicado de su partido de diciembre de 2024.
La guerra viene de largo y esta batalla parece definitiva en ese frente. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer estas armas. Rocha ha rechazado “categórica y absolutamente” las imputaciones en su contra, formuladas por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, que tienen una pena mínima de 40 años y no descartan la posibilidad de la cadena perpetua.
La crisis en Chihuahua, que solo estalló por el fallecimiento de los funcionarios estadounidenses en un accidente de tráfico, ha dado rienda suelta al mayor temor de México, la injerencia de Donald Trump. Claudia Sheinbaum ha pedido explicaciones al Gobierno estatal y a su homólogo en el país vecino, cuya insistencia para mandar tropas al otro lado de la frontera ha sido repelida una y otra vez en el último año y medio. No ha obtenido, todavía, explicaciones claras de ninguno de ellos, pero sí el mayor golpe de Estados Unidos a la narcopolítica en México. Los frentes se multiplican para el Gobierno de Sheinbaum, fuera y dentro del país.