Las instituciones arman la investigación por el delito contra las instituciones para lograr la prisión preventiva al asegurar que agarro un arma y disparó: Reyes Gallardo.
Irineo Pérez Melo.- Al solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso de la jueza de control Angélica Sánchez Hernández, acusada por dejar libre “sospechosamente” a Ithiel “N”, presunto homicida del diputado Juan Carlos Molina Palacios el abogado Carmelo Reyes Gallardo, acusó que el delito contra las instituciones por el que fue detenida “trae consigo un efecto corruptor”.
Y es que la Jueza, quien será presentada este miércoles ante un Juez de Control, fue acusada por el delito contra las instituciones de seguridad pública, por lo que se prevé se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva para mantenerla recluida, por, supuestamente, haber disparado un arma de fuego.
Al respecto, el abogado defensor acusó que la detención de la que es sujeta desde el pasado lunes, está dando tiempo a la autoridad ministerial de armarle una carpeta diversa para que quede detenida.
En una improvisada conferencia de prensa, efectuada afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, el abogado defensor insistió que en este caso, hay ese efecto corruptor como parte de las instituciones que arman esa investigación en el sentido de querer lograr la prisión preventiva “porque dicen que la juez agarró un arma y disparó”.
De lo señalado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aseguró que hay indicios de que la jueza supuestamente tuvo comunicación con la defensa de Ithiel “N”, vulnera la presunción de inocencia de Angélica Sánchez, “o sea, ya la podemos criminalizar desde ahora por el hecho de que circunstancias de modo, tiempo y lugar, que no pertenecen ni tienen conexión por las máximas de la experiencia y la lógica a la hora de juzgar”.
¿Ella tiene que ser criminalizada por simplemente coincidencia? Cuestionó.
Recordó que la Jueza solo dio cumplimiento a una resolución mandatada por un tribunal colegiado, acción que molestó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, por no haberle informado cómo resolvería la ejecutoria de amparo, postura que detonó en su persecución., concluyó.