Al hacer uso de la “cláusula exorbitante” no se podrá ejercer ninguna actuación legal en contra de actos de gobierno: SMITC.
Irineo Pérez Melo.- La iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar 23 leyes, en donde se propone hacer el uso de la “clausula exorbitante”, es una burla propia de un gobierno autócrata, pues dejará en estado de indefensión, tanto al sector empresarial como a los particulares al no poder ejercer ninguna actuación legal en contra de él.
En conferencia de prensa, Marcos Salas Contreras y el abogado Rafael Hernández Matías, presidente e integrante, respectivamente, de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC) en el estado de Veracruz, indicaron que al ser una iniciativa que solo requiere de mayoría simple, impactará negativamente en todos los sectores productivos nacionales.
De ser aprobada por el Congreso de la Unión dicha iniciativa de reformas a estas normas, se le permitirá al gobierno federal que la obra pública la entrega a las empresas constructoras de forma unilateral y si decide cancelar el proyecto, lo hará sin mediar ningún pago adicional ni gastos no recuperables, dijo Salas Contreras.
Además, indico por otro lado, que si el gobierno hará una obra y pasa por terrenos de gente que tiene sus propiedades, no les pagará ni un solo peso en virtud de que ellos han decidido transitar por ahí y harán los abusos que haya lugar sin poder tener defensa alguna para su patrimonio.
Recordó que la iniciativa de reformas a estas leyes fue enviada por el titular del Ejecutivo Federal el 23 de marzo a la Cámara de Diputados, por lo que al estar por concluir el periodo ordinario de sesiones en este mes no le dará tiempo para sacarlas, por lo que se prevé que será en el próximo y último periodo ordinario en el que se someta a su discusión y, en su caso, aprobación.
“Es una burla dicha propuesta de reformas, propia de un autócrata”, terció el abogado Hernández Matías, porque las afectaciones para todos quienes reciban contratos de obra pública, arrendamiento o cualquier suministro, si el gobierno decide anularlos y no pagar la pena convencional, por incumplimiento del mismo, es muy grave y no solo afecta a los industriales de la construcción sino a todos lo que de una u otra manera tienen relación con las dependencias gubernamentales federales.
En el caso de la obra pública, dijo que de aprobarse estas reformas, la cláusula exorbitante permitirá al gobierno federal cancelar obras sin mayor motivación y sin tener la obligación de pagarle a la empresa constructora el dinero que invirtió, mucho menos otorgar una indemnización por este motivo.
Por último, apeló a la consideración de los legisladores analizar las iniciativas de reformas presentadas, porque como se tiene, conlleva a que el estado crea sus propias empresas, como ya lo está haciendo, y sea el ejecutor de las obras y demás acciones que se vayan a emprender, dejando a un lado al sector privado, con las consecuencias económicas y sociales que traerá consigo, finalizó.