Juez da segunda suspensión provisional que frena el Tramo 5 del Tren Maya

Esta es la segunda suspensión obtenida por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, con sede en Cancún, y una de las varias obtenidas ya por otras organizaciones a nivel local

EL UNIVERSAL

Cancún.- El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán concedió una nueva suspensión que detiene provisionalmente cualquier obra o actividad en todo el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum.

Esta es la segunda suspensión obtenida por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con sede en Cancún, y una de las varias obtenidas ya por otras organizaciones a nivel local.

“Dicen que sin cenotes no hay paraíso. Nosotros decimos que sin procedimiento de impacto ambiental no debe haber obra”, indicó DMAS al señalar que hoy fueron notificados sobre la admisión del amparo promovido y de la nueva suspensión provisional concedida.

“Se concede a DMAS AC la suspensión provisional para el efecto de que Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación –en la ejecución material– de la construcción del Tramo 5 del proyecto Tren maya, que abarca de Cancún a Tulum, Quintana Roo”, se cita.

Las autoridades reclamadas en ese otro asunto, son el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la empresa Fonatur Tren Maya y los ejecutores privados responsables de los trabajos de desmonte y tala de la selva media, en el trazo, sin estudios ni autorizaciones ambientales.

Con estas actividades ilícitas, al carecer de permisos, se está “poniendo en riesgo de producir daños irreparables al acuífero, ríos subterráneos, cenotes, cavernas y cuevas que forman parte del sistema subacuático más extenso e importante del mundo, conocido como Dos Ojos-San Actún; al Sistema Pool Tunich, Sistema San Muul y Sistema Alux, así como al hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, como el jaguar, contraviniendo las disposiciones de la Constitución mexicana, los tratados internacionales y la legislación general y federal”, se indica.

En ese caso, el Juzgado 1 concedió la suspensión para efectos de detener cualquier obra o actividad, pero al igual que sucedió con la demanda de los espeleólogos, negó la suspensión para los actos reclamados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por omisión.

El argumento fue que los quejosos no demostraron ser parte del expediente de denuncia popular presentado ante la dependencia ambiental; sin embargo, los asesores legales presentaron evidencia que muestra que la Procuraduría admitió y acumuló la denuncia popular presentada por los firmantes del amparo, lo cual acredita su interés jurídico.

Greenpeace y el CDB esperan suspensión de “decretazo”

Aunado a ello, el pasado 26 de abril, el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpace, interpusieron su propio amparo en contra de la autorización “provisional” que la Semarnat extendió para el Tramo 5, que carece de las autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso del suelo en terrenos forestales, que mandata la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley Forestal vigentes.

Dicho permiso provisional emana de un Acuerdo –mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador se extralimita en sus funciones imponiendo plazos legales y modificando el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA)– publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre de 2021, que declara de interés público y seguridad nacional, proyectos como el Tren Maya.