La Corte vivió un intenso debate sobre la validez de anular juicios concluidos por presunto fraude, revelando las primeras diferencias internas del nuevo Pleno.

EL IMPARCIAL

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentó este miércoles uno de sus primeros desacuerdos públicos desde su conformación electa.

El Pleno discutió un proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, en el que se plantea que la acción para anular un juicio concluido es improcedente, incluso cuando existan señalamientos de fraude procesal.

El debate derivó en dos posturas claramente enfrentadas: una que defiende la cosa juzgada como principio absoluto, y otra que considera necesario permitir la revisión de sentencias cuando se alcance un fallo mediante actos fraudulentos.

¿Qué se discutió en la Corte?

El proyecto de Loretta Ortiz

El debate se originó a partir del análisis de un asunto presentado por Loretta Ortiz Ahlf, quien propuso declarar improcedente la acción de nulidad de un juicio concluido.

Sin embargo, la ministra votó contra su propio proyecto, recordando que desde la anterior integración del Pleno sostenía —“junto a una minoría de ministros”— que sí existen mecanismos procesales que permiten tramitar acciones de nulidad de cosa juzgada.

Ortiz Ahlf argumentó que la falta de regulación expresa no impide permitir un juicio autónomo para demostrar que una sentencia fue obtenida mediante fraude.

La falta de regulación expresa de la acción de nulidad de juicio concluido no es razón suficiente para declarar su improcedencia”, afirmó.

El argumento central: ¿Se puede anular un juicio concluido?

Lo que está en juego

• La posibilidad de reabrir sentencias firmes cuando hay indicios de fraude procesal.
• La interpretación del principio de cosa juzgada como pilar de la seguridad jurídica.
• El riesgo de crear juicios interminables o, por el contrario, permitir que sentencias fraudulentas permanezcan intocables.

La postura de quienes defienden la cosa juzgada

Yasmín Esquivel: “Debemos ser respetuosos de la Constitución”

La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que la cosa juzgada es una institución fundamental que otorga certeza y estabilidad al sistema jurídico.

Con ello se asegura que la decisión de los tribunales, una vez agotada las instancias, adquieran firmeza de carácter inamovible. Representa la seguridad jurídica en nuestro país, la certeza”.

Aseguró que la Corte no debe establecer límites o instancias que la ley no prevé:

“Mucho se ha criticado a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por atribuirse facultades que no tiene. Más preocupante debe ser que la propia Corte invente judiciales que ni siquiera el propio legislador consideró”.

Esquivel subrayó que permitir la impugnación permanente dejaría abierta la pregunta:

“¿Si no, cuándo van a concluir los procesos?”

Y concluyó que la cosa juzgada “no puede ser rebatida desde ningún punto de vista y en ninguna oportunidad”, insistiendo en que los ministros están obligados a respetar el Estado de derecho.

María Estela Ríos: juicios interminables e incertidumbre

La ministra María Estela Ríos advirtió que permitir la anulación de juicios concluidos puede generar incertidumbre permanente.

La certeza jurídica de que ya se resolvió un asunto me parece que es indiscutible. Lo otro es vivir siempre en la indeterminación y en la incertidumbre de cuándo se va a concluir un asunto. Esto lo haría interminable”.

También señaló que el fraude procesal podría utilizarse como pretexto para eludir el cumplimiento de sentencias.