Deberán rendir cuentas jueces, agentes del ministerio público, fiscales y peritos que se prestaron para violar derechos humanos: Dante Delgado
Irineo Pérez Melo.- Miembros del Movimiento por la Justicia exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial del Estado ordenar la liberación inmediata de las personas vinculados a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad, luego de ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De igual manera, demandaron que deben rendir cuentas los agentes del Ministerio Público, fiscales y peritos, así como jueces que se prestaron a violentar los derechos humanos de los veracruzanos.
En conferencia de prensa, Rosa Hilda Rojas, académica de la Universidad Veracruzana (UV) integrante de esta organización, señaló que a partir de lo que resolvió la Corte, esta invalidez se hace retroactiva al 12 de marzo de 2021, por ello, tanto la Fiscalía General del Estado como el Poder Judicial deberán ordenar la inmediata libertad de quienes fueron vinculados a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad.
Esto, dijo, porque la Corte declaró la inconstitucionalidad de dicho artículo, “de manera que, hacemos un llamado al Poder Judicial para que de manera oficiosa gire instrucciones a los jueces de control y en su caso, a los jueces de juicio, para que inmediatamente pongan en libertad, ordene la libertad de estas personas que están privadas de su libertad”, recalcó.
En su oportunidad, el abogado penalista abogadoTomás Mundo Arriasa, aplaudió el triunfo para la sociedad veracruzana al haber fallado la Corte por la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad y aprobó el trabajo eficiente y de responsabilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dio pie a la acción de inconstitucionalidad.
En la rueda de prensa, encabezado por el senador Dante Delgado y el diputado José Yunes Zorrilla, entre otros, aquilató el trabajo del organismo ombudsman, el cual, dijo, se vuelve un garante de los derechos humanos y por construir una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos, así como vigilar su cumplimiento e instrumentar los mecanismos necesarios para la atención, prevención, coordinación y difusión que garantice el conocimiento y salvaguarda de tales derechos.
En su oportunidad, el senador Dante Delgado Rannauro, destacó que el Máximo Tribunal de Justicia contuvo los abusos y excesos de los otros poderes y, sobre todo, puso a salvo los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
Reveló que con el equipo de abogados que forman parte del Movimiento por la Justicia realizarán un seguimiento de acciones y resoluciones violatorias de derechos humanos que hayan aplicado aquellos que deberían haber solicitado el ejercicio pleno del Derecho para hacer valer la justicia
“El gobierno de Veracruz encarceló sin pruebas, sin juicio y sin sentencias a miles de hombres y mujeres inocentes. La Suprema Corte hizo prevalecer el derecho a la libertad, a un juicio justo, a la presunción de inocencia y, a la libertad de expresión”, señaló el exmandatario.
Por tanto, lo que sigue es que todos aquellos que están detenidos por ese delito sean inmediatamente liberados, pero también deberán rendir cuentas los agentes del Ministerio Público, los fiscales, los peritos y los jueces que se prestaron a violar los derechos humanos de las y los veracruzanos.
“Aquí no hay margen para la impunidad, quien aceptó, acepte consignas, pagará por los actos que cometa o que cometió al margen de la Ley. Quien hizo la va a tener que pagarla y esto va también para el juez Francisco Reyes Contreras, que retrasó la aud8iencia federal en la que se decretaría la liberación de José Manuel “N”.
De la situación jurídica de José Manuel “N”, señaló que hay dilación por parte de las autoridades con el único fin de mantenerlo preso por órdenes del gobierno estatal, al igual que Rogelio “N”, quien fungió como secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
Por último, dio a conocer que se están desahogando los 90 casos que se le entregaron por parte de la desparecida Comisión sobre Veracruz en el Senado de la República, a fin de atender todos los actos que faciliten la libertad de inocentes.