Con 69 votos a favor y 53 en contra
Con 69 votos a favor y 53 en contra, el Pleno del Senado avaló la reforma electoral, la cual se prevé que regrese a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, votó en contra del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó que algunos artículos atentan contra la Constitución, además presentó 339 reservas en lo particular.
El INE sí se toca, fue la consigna de Morena y aliados que aplicaron la aplanadora para aprobar en lo general el denominado Plan B de López Obrador.
La oposición (PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural), enfundada en playeras con la leyenda “El INE no se toca”, no pudo frenar la modificación a seis leyes electorales y del Poder Judicial Federal, pero anunciaron que acudirán a la Suprema Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad, ya que acusaron que el gobierno federal busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar las reglas del juego para beneficiar a sus aspirantes a la presidencia de la República rumbo al 2024.
“No necesitamos una reforma para ganarles, hemos ganado con estas reglas electorales y les vamos a volver a ganar el próximo año y en 2024”, reviró el vocero de Morena, César Cravioto.
No sólo la oposición tachó de inconstitucional la reforma, también el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, presentó un voto particular en contra del Plan B, bajo el argumento de que algunas modificaciones se podrían alejar de los principios constitucionales.
Entre algunos puntos polémicos avalados están la reducción de estructura administrativa del INE, compactar estructuras de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), además consejeros y magistrados no ganarán más que el titular del Ejecutivo Federal.
También se restringe las facultades del INE de sancionar cuando le corresponda a otras autoridades, elimina los fideicomisos del INE y las autoridades electorales no podrán reducir más del 25 por ciento el presupuesto de partidos políticos en sanciones, multas o descuentos.
Incluso se prohíbe al INE ejercer su autonomía presupuestaria, se elimina la sala Regional Especializada y se debilitan las juntas distritales al despedir al menos mil 200 trabajadores.