- Se les denunciará también por omisión de responsabilidad legal que es el entero de cuotas de aportaciones y documentación: Daniela Griego. Irineo Pérez Melo.- Pese a la disponibilidad mostrada por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), 25 ayuntamientos veracruzanos y el Poder Judicial del estado, no se ha podido establecer convenios con estas entidades para reducir los adeudos que mantienen con la institución, aseguró la titular del organismo Daniela Griego Ceballos. Entrevistada, momento antes de participar en la presentación del libro El Sindicalismo universitario en Veracruz: el caso del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Veracruzana 1976-2016, la funcionaria estatal precisó que el adeudo asciende a 242 millones de pesos por concepto de cuota y aportaciones de los trabajadores. Dio a conocer que desde el inicio del presente año se han tenido reuniones con los alcaldes de Altotonga, Ciudad Mendoza, Acayucan, Teocelo, Cerro Azul, Tomatlán y Huatusco que, si bien no tiene deuda, deben algunos documentos. Dijo que se ha estado en comunicación, por un lado, con todos los ayuntamientos a quienes se les ha requerido la nómina, la plantilla y el presupuesto 2022. Además, con los entes deudores, los ayuntamientos que todavía tienen algún saldo pendiente con el IPE por concepto de cuotas y aportaciones, “hemos estado requiriendo en algunos casos el pago y a otros recordando que remitan información”. La titular del Instituto manifestó que se han reunido con esos siete alcaldes y tesoreros para presentarles una propuesta de pago, “y esperamos poder concretar la firma de convenios para lo que resta de la administración estatal”. Refirió que en total son 25 los ayuntamientos que tienen una deuda considerable de casi 200 millones de pesos y que no han podido bajar ese monto, al tiempo de señalar que la mayoría ya está denunciado. “Vamos a empezar también denuncias por omisión de responsabilidad legal que es el entero de cuotas de aportaciones y documentación, en eso estamos trabajando y vamos bien”, apuntó. Admitió que el Poder Judicial del Estado también continúa con la deuda con el IPE y aunque se le ha cobrado e informado al Órgano de Fiscalización de Superior (ORFIS), además está denunciado y no han tenido respuesta. Finalmente, dio a conocer que la deuda asciende a alrededor de 42 millones de pesos por concepto de recargos por deudas que cubrió, pero que no pagó el interés generado por los años de un pasivo que no cubría.
- ¿Y la actual presidenta (del Poder Judicial del Estado), que dice?
Nos hemos reunido (con la presidenta Isabel Inés Romero Cruz) pero todavía no hemos podido concretar un convenio, concluyó.