La Fiscalía General de la República no impugnó el amparo que obtuvo Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que pedía a la FGR que precise si existen elementos que permitan continuar con la investigación del caso sobre los video revelados por Latinus en los que se observa al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibir sobres con diversas cantidades de dinero para las elecciones.
El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México informó que el plazo de los 60 días que dio para que la FGR aclare la investigación a Pío López Obrador vence el próximo martes.
En un acuerdo, publicado el 15 de junio, el Juzgado indicó que “de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia del 26 de mayo”.
Y agrega: “Consecuentemente… se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria”, es decir, que ya no puede ser impugnada ni recibir algún otro trámite legal.
En mayo pasado, el titular del Juzgado Séptimo de Distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México concedió un recurso a Pío López Obrador para que en un plazo de 60 días naturales la Fiscalía General de la República (FGR) precise si existen elementos que permitan continuar con la investigación contra el hermano del presidente.
Durante una audiencia, realizada el pasado 26 de mayo a las 11:00 horas, el juez Julio Veredín Sena Velázquez determinó otorgar este amparo a partir de “la inactividad en la integración en la carpeta sin causa justificada”.
El amparo y protección de la Justicia Federal fue solicitado contra el acto que reclamó Héctor Sánchez Zaldívar, agente del Ministerio Público, Titular del Núcleo “E” de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) de la FGR.
La defensa de Pío López Obrador argumentó que la “dilación” en determinar el ejercicio de la acción penal es un acto violatorio de derechos humanos en los artículos 17 y 21 de la Constitución.
Por su parte, el juez Veredín Sena expresó que la duración de la investigación que abarca más de un año, ocho meses, se ha prolongado de “manera injustificada”, y señaló que la autoridad no ha cumplido a cabalidad con la investigación y prosecución del delito denunciado.
Este jueves, un juez federal dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), para informar si ejercerá o no acción penal contra Pío López Obrador, quien fue denunciado desde hace casi dos años por recibir aportaciones para la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.